LOS INCENDIOS FORESTALES NOS HACEN UN POCO MÁS POBRES
Desde un punto de vista puramente económico, sin valoraciones ambientales, sociales, éticas o psicológicas, los graves incendios del pasado verano nos hacen a todos los españoles un poco más pobres.
¿Cuál es la razón?, pues que 3 de cada 4 hectáreas de monte quemado en estos incendios pertenece a alguna administración pública, son bienes de dominio público (es decir, son de todos los ciudadanos y permanecen bajo la administración del Estado), siendo los ayuntamientos y otras entidades locales menores los más perjudicados como consecuencia de esta situación de pérdida de riqueza natural, económica y de disfrute social, como resultado de los incendios.
Estos montes pertenecen al dominio público por razón de su servicio, como los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP), o bien por razón de su aprovechamiento (montes comunales) o por cualquiera otra afección a un uso o servicio público. Todos ellos gozan de un régimen jurídico especial.
La función principal de estos bienes es satisfacer las necesidades e intereses colectivos, lo que significa que su uso y disfrute deben beneficiar a todos los ciudadanos.
También algunos montes públicos pueden ser patrimoniales (a diferencia del dominio público, pueden ser gestionados de manera similar a cualquier propiedad privada) o de libre disposición, sin estar afectos al dominio publico.
Su importancia viene reflejada en el artículo 132 de la Constitución Española, en el que se alude tanto a los bienes de dominio público como a los bienes patrimoniales del Estado, además de los bienes comunales y del Patrimonio Nacional.
Conocida su importancia para la totalidad de los ciudadanos, es importante destacar que el 89% de las hectáreas de monte en España son de titularidad pública, aunque hay excepciones como en Galicia, donde predominan los montes privados, sin embargo los mayores propietarios de este tipo de terrenos son las administraciones públicas.
Ocho de cada diez hectáreas públicas pertenecen a entidades locales, como los ayuntamientos. El 90% de los montes son de titularidad pública.
Los 18.756 montes públicos de España, cubren 9,2 millones de hectáreas por todo el país, de los que 11.200 se encuentran bajo diferentes figuras de protección.
En Castilla y León la mayoría pertenece a entidades locales, Juntas Vecinales y Ayuntamientos. Su territorio forma parte del extenso mosaico que forman los Montes de Utilidad Pública (MUP), una figura básica en la gestión del territorio en España durante las últimas décadas, con la consideración de dominio público forestal, pero que el paso del tiempo, la sucesión de la vegetación, el cambio de mentalidad de la sociedad y de algunos gestores (que ponen en entredicho el llamado “clímax forestal”, que entendía como algo degradado y sin importancia los estados no arbolados) y los grandes incendios, está poniendo en duda en los últimos años.
Su origen está en la lucha de numerosos expertos que a mitad del siglo XIX consiguieron frenar la venta de algunos terrenos públicos en plena desamortización, impulsada por una creciente burguesía. Incluso se tuvo que hacer alguna que otra trampa para salvar a nuestros bosques, como "camuflar" a pinsapos y abetos por pinos, para evitar que cayeran en manos privadas y acabaran desapareciendo.
El valor ecológico de estos predios en algunos casos ha sido tal que muchos de esos montes han sido la semilla de numerosos espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000.
Esta figura lleva regulada desde 1901 (Real Decreto de 1 de agosto de 1901, por el que se publica el “Catálogo de los Montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por razones de Utilidad Pública”), sin embargo la realidad actual de nuestro medio natural (que no es una foto fija y esta en evolución continua) transcurrido más de un siglo, ha cambiado mucho y, visto lo ocurrido el pasado verano, quizá sea hora de darle una vuelta al modelo de gestión utilizado hasta ahora.
Los incendios han golpeado de lleno a los MUP
A pesar de gozar de una especial protección jurídica debido a sus características, no ha impedido que sean uno de los entornos naturales más dañados por los últimos fuegos, lo que hace que muchos expertos y gestores se replanteen su realidad y su administración.
Los incendios del pasado verano fueron tan grandes y virulentos que han afectado a todo tipo de terrenos y suelos, pero estos montes de titularidad pública, que tienen una especial protección por sus características propias se han llevado uno de los peores golpes. Del total de terreno quemado, los montes suponen más de un 38%.
De ese porcentaje, un 75% son públicos. Castilla y León es la comunidad autónoma con más MUP, siendo la provincia de León la que cuenta con el mayor número y la mayor superficie de estos terrenos naturales.
En esta provincia el impacto del fuego ha sido especialmente doloroso, desde todos los puntos de vista, ambiental, social, ético y psicológico.
León y Ourense, donde más monte ha ardido
Las cifras son aún más llamativas si abrimos el foco. Considerando todo el territorio nacional, el terreno forestal está principalmente en manos privadas, con aproximadamente un 77% frente a un 28%. Sin embargo, en las zonas más afectadas por los últimos fuegos la situación se invierte, siendo los Montes de Utilidad Pública los más perjudicados, ¿cuál es la razón de que esto ocurra?, ¿dejadez, falta de interés, mala gestión?, tal vez debido a que estos espacios son de todos pero de nadie en concreto.
El caso de la zona del Teleno, la montaña más elevada de los denominados Montes de León ya que supera los 2.000 metros de altitud, (los Montes Aquilanos, una unidad dentro de estos Montes de León, también son ZEC y ZEPA), es un claro ejemplo. Esa extensa sierra está en su totalidad incluida dentro de esa figura (MUP) y ha terminado asediada por hasta tres de los mayores los incendios del pasado año. En el sureste sufrieron el de Molezuelas de la Carballeda que entró en la provincia de León hasta Castrocalbón, en el oeste el de Porto de Sanabria que estuvo ardiendo durante 69 días y algo más al norte el de Yeres, que se unió a otro incendio en Llamas de Cabrera, que afectó seriamente al Monumento Natural de Las Médulas, Bien Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
El 99,3% del monte quemado en León es de titularidad pública
Los propietarios de estos terrenos, ayuntamientos y otras entidades locales menores, juegan un papel muy importante, sin embargo, los encargados de mantener y gestionar los montes son las autoridades forestales de cada comunidad autónoma. Hasta la democracia esa responsabilidad recaía sobre el Estado central, pero desde entonces recae en manos de las autonomías, que están obligadas a hacer el trabajo de conservación, cuidado y gestión de estos espacios, luego los legítimos dueños tienen a su disposición el aprovechamiento, ya sea con leña, resina u otros intereses que aporta el denominado "capital natural" del monte.
Los principales problemas actuales para que estos espacios tengan un mayor riesgo que otras zonas del medio natural, son otros.
La realidad es que ahora sobra leña en el monte. En todos los montes. Primero porque somos menos habitantes en las zonas rurales y segundo porque ya la gente no suele necesitar esa madera para calentarse y cocinar. Luego está el cambio climático que ha reducido la humedad y aumentado la temperatura en grandes superficies de nuestros bosques y la disminución de la ganadería de ovino y caprino. Todo ello junto, el abandono rural, más la pérdida de gran parte de la cabaña ganadera extensiva y de otros usos humanos que mantenían un paisaje más abierto y con menos combustible, han generado una "bomba de relojería" que estalla cuando las circunstancias le son más favorables.
El batiburrillo administrativo
Durante los pasados meses de verano, los comentarios, debates y tertulias sobre el caos administrativo se han multiplicado por redes sociales y medios de comunicación con más virulencia que las llamas. Por eso, los expertos insisten en que la burocracia en realidad es mínima. Solo hay una regulación básica para poder hacer una gestión de estos lugares y evitar que desaparezcan. Sin embargo, los profundos cambios sociales de las últimas décadas hacen que, en la actualidad, el simple hecho de intentar conocer la propiedad de las tierras genera frecuentemente confusión y choques.
Según los datos del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, alrededor del 72% de todos los montes pertenecen a entidades locales menores. Muy por detrás quedan los montes de carácter privado, los que pertenecen a las comunidades autónomas y en último lugar aparecen los que pertenecen al Estado central. Sin embargo, si se indaga en los propietarios finales, hay resultados curiosos como algunos montes que pertenecen a la Tesorería General de la Seguridad Social.
La Ley 43/2003 de Montes deja claro que el mantenimiento del terreno lo debe llevar a cabo el propietario del mismo, aunque sea la comunidad autónoma, como autoridad forestal competente, la que debe indicar qué tipos de trabajos hacer (cortafuegos, vías de acceso o puntos de agua) y cuando.
A pesar de ello la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto una investigación para intentar dirimir responsabilidades tras los incendios, que va más allá de los gestores. Buscan conocer si los distintos municipios afectados contaban con los planes de prevención contra incendios forestales que obliga la misma ley. Pero para consistorios con apenas unas decenas de vecinos y un presupuesto muy limitado, todo esto acaba siendo una importante carga, administrativa y económica, otra más.
Para añadir aún más argumentos al juego de responsabilidades, en el llamado triángulo del fuego de España (Orense-León-Zamora) se vive otra situación muy curiosa. Mientras Castilla y León es la comunidad con más monte público del país, Galicia está en el polo opuesto. Un 90,5% del suelo forestal gallego está en manos privadas, ya sea a través de montes vecinales en mano común o propietarios al uso.
La diferencia es importante porque mientras el debate sobre la prevención de los incendios a un lado de la frontera cae sobre el estamento político y técnico, en el otro, son los propios políticos los que señalan a los propietarios privados por no mantener los lugares como es debido.
Montes públicos (en verde claro) y privados (en gris) en España
Hay que ser conscientes también de la situación que se vive en estas zonas rurales, con una reducción progresiva de vecinos, de ganado, junto con los cambios en el clima, la falta de mantenimiento de infraestructuras, etc.
El llamado Modelo Soria, considerado durante años un ejemplo a seguir en materia de gestión forestal, también empieza a sufrir.
Buena parte de los montes que se ponen de ejemplo en Soria también quedan dentro de la categoría de Monte de Utilidad Pública y han conseguido sortear los fuegos mucho mejor que en el otro extremo de la comunidad autónoma. Pero incluso los propios profesionales apuestan por la necesidad de dar una repensada al modelo de gestión actual. Hablan de reaprovechar la leña para biomasa, de poder comercializar estos excedentes localmente o de generar conexiones económicas o de otro tipo entre el monte y lugares distantes. El objetivo sería recuperar la estrecha relación que en otros tiempos existía entre la población y su entorno, evitando además la despoblación y el abandono de las zonas rurales.
Pero la realidad de grandes áreas del campo español en estos momentos, principalmente en el oeste y norte, es otra, siendo prioritario darse cuenta de que el pasado no va a volver, ni ambiental ni socialmente hablando, lo que hace necesario nuevas soluciones, nuevas aproximaciones a un modelo de gestión y a unos problemas que van en aumento.
La España que arde es la que no interesa a nadie
Pero si algo tienen en común la mayoría de zonas que han sufrido con el fuego en el pasado verano es que son espacios con poca población, envejecida y con pocas oportunidades de futuro para los que se quedan. Echar un ojo a la situación de las comarcas de La Cabrera y Sanabria, por ejemplo, dos de las más afectadas por los incendios, sirve para darse cuenta de la realidad que se vive en esas zonas.
En sus tierras solo viven unas 11.500 personas. Y de ese total, cerca del 25% tienen más de 75 años. La vertiente orensana tiene algo más de población, unas 37.000 personas, pero el problema del envejecimiento lo sufren igual. Aliste, la comarca al sur de la sierra de la Culebra (Zamora) que se quemó en 2022 y que también ha vivido estos grandes incendios, es la que más porcentaje de mayores de 75 años tiene en toda España.
En estas zonas mientras la biomasa de los montes de la vertiente norte ibérica aumenta cada año más de un 20%, las entidades que conviven en su entorno reducen su población año tras año, esta es la realidad que hace necesario pensar en un modelo de administración de estos terrenos que vaya más allá del "modelo clásico” de gestión forestal.
Es la "pescadilla que se muerde la cola", un alto porcentaje de incendios ocurre en aquellas comarcas más abandonadas y deprimidas del país y a su vez estos sucesos nos hacen más pobres a todos los ciudadanos al arder principalmente los montes públicos, con la pérdida de los recursos naturales, económicos, sociales, etc., que ello conlleva.
Pero ¿Quién cuida el monte?
Como hemos visto la despoblación y el envejecimiento tiene un marcado protagonismo en aquellas zonas con mayor superficie forestal. En las comarcas incluidas dentro del triángulo de fuego se dan algunos de los mayores porcentajes de residentes con mayor edad de todo el país.
Los datos poblacionales no son lo único que muestra que lo quemado son espacios muy aislados y abandonados, también se puede ver en el uso del suelo del terreno quemado. A los montes ya mencionados hay que sumar otras zonas boscosas y de otro tipo de paisaje que están incluidas en diferentes lugares naturales de interés (Espacios Naturales Protegidos, espacios de la Red Natura 2000, Patrimonio Mundial). Las zonas agrícolas también son un porcentaje importante del terreno afectado, aunque sensiblemente más reducido y si vamos a las zonas urbanas, lógicamente las más protegidas en estas emergencias, solo suponen un 0,3% del total.
Es necesario apostar por soluciones de gestión diferentes e imaginativas, que respeten la elevada calidad ambiental de estos territorios, que permitan que sean cada vez más bosques y menos montes, a la vez que generen trabajo y actividad económica en unas zonas rurales deprimidas social y económicamente, más aún en esta época de mudanzas y extremos climáticos, ahora es cuando más que nunca se necesitan bosques más sanos y diversos que se adapten a la nueva realidad y necesidades sociales, económicas y climáticas.
Las administraciones públicas deben seguir gestionando esos territorios para garantizar su conservación, pero no se puede conseguir si a la vez no se trabaja en que estos montes ofrezcan oportunidades a la gente de la zona. En aprovechar los recursos que ofrecen para que el "capital natural público", de todos los españoles, pueda seguir creciendo.
Se hace necesario hacer hincapié en la protección y preservación de la naturaleza y el medio ambiente como responsabilidad de todos. Esto implica que tanto las instituciones públicas como los particulares deben colaborar en salvaguardar y mantener en buen estado los recursos naturales y el entorno que nos rodea, garantizando su adecuada conservación para las generaciones venideras.
Principales conclusiones
Los incendios forestales en España no son fenómenos aleatorios, de "mala suerte climática," sino la consecuencia predecible de una convergencia de vulnerabilidades territoriales específicas, décadas de abandono rural, fracaso en el relevo generacional y gestión forestal pasiva.
El análisis de datos sobre incendios de 2025 —la peor temporada en 30 años con aproximadamente 400.000 hectáreas arrasadas— demuestra una correlación robusta (F-statístico significativo p<0.001) entre la severidad del fuego y tres factores socioeconómicos interrelacionados: despoblación rural, envejecimiento demográfico extremo y abandono de prácticas agrícolas tradicionales.
Las provincias más afectadas (Ourense, Zamora y León), que concentran simultáneamente el 50% de la superficie quemada nacional, no son aleatoriamente seleccionadas por el clima; son territorios donde la despoblación (entre el 85-92% de municipios perdieron población), los índices de envejecimiento extremos superiores al 200%, la densidad poblacional 15.6-41.9 hab/km² frente a los 93.6 de media nacional y el abandono agrícola convergen en paisajes prácticamente desiertos humanamente pero saturados de combustible vegetal.
España registra el mayor índice de envejecimiento desde 1999, alcanzando un promedio nacional de 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Sin embargo, esta cifra nacional oculta disparidades territoriales radicales. Las tres comunidades autónomas más envejecidas —Asturias (257,2%), Galicia (224,3%) y Castilla y León (223,8%)— concentran simultáneamente entre el 60-75% de los incendios forestales más destructivos.
- Pérdida de gestión activa del territorio: La ganadería extensiva y la agricultura tradicional mantenían paisajes fragmentados. Cada hectárea ganadera requería mantenimiento, limpieza de maleza y control de regeneración espontánea. Con la abandono de 9.000 hectáreas anuales de superficie agrícola —especialmente en zonas rurales— la vegetación coloniza la tierras sin control. En Galicia, 607.000 hectáreas (20% de su superficie forestal, 30% de su cobertura boscosa) son matorrales desarbolados en proceso de abandono activo.
- Ausencia de vigilancia preventiva: La población rural juega papel clave en detección temprana de los incendios. Densidades poblacionales reducidas equivalen a una vigilancia menor y a una respuesta más lenta. Provincias que históricamente albergaban poblaciones agrícolas ahora son prácticamente desiertos en términos de presencia humana y en capacidad local de intervención.
- Carga excesiva de combustible fino (maleza, pastos secos), que crece sin control durante la primavera y que se deseca rápidamente en olas de calor. Un incendio desatado con este nivel de maleza es muy difícil de controlar.
- Continuidad de las masas forestales donde históricamente la fragmentación de usos (agricultura, ganadería, trabajos ligados a los montes) creaba barreras naturales. Hoy el panorama es más continuo y homogéneo, paisajísticamente precioso pero letal respecto a favorecer la propagación de incendios. Un simple rayo, la caída de una línea eléctrica, o una chispa pueden generar incendios rápidos y agresivos de difícil control.
- Falta de gestión activa adecuada, la superficie forestal total de España alcanza 19,4 millones de hectáreas (38,4% del territorio), que son cada vez más vulnerable en un contexto de olas de calor prolongadas y sequías. Además, la falta de recursos impide cumplir los planes preventivos en muchos casos. En 2019, un análisis de los municipios más devastados por los incendios durante este siglo reveló que ninguno tenía planes preventivos ni implementados ni comunicados.
- Mediante una gestión preventiva sistemática y activa de cargas de combustible.
- Con inversiones en infraestructuras, servicios, conectividad digital, oportunidades económicas locales, que fijen población rural.
- Facilitando la permanencia de agricultores/ganaderos jóvenes mediante una PAC reformada que permita el acceso a tierras y el reconocimiento de la ganadería extensiva.
- Eliminando la fricción burocrática que, en muchos casos, paraliza los recursos existentes; alineando las políticas centrales, autonómicas y locales.
- Investigando los incendios intencionados para identificar patrones de quemas en territorios fragmentados o en litigio.
Metodología utilizada
La cartografía de áreas incendiadas proviene de la base de datos en tiempo real facilitada por Copernicus. Para el análisis se utilizaron los eventos ocurridos en España durante 2025.
Se ha utilizado el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Inventario Español del Patrimonio Forestal que facilita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los mapas recogen, entre otra información, la titularidad de cada parcela de los montes de utilidad pública y otros predios forestales, así como su régimen de protección.
César J. Pollo - 2026 ©
Más entradas relacionadas con este tema en este blog:
¿POR QUÉ LA REGIÓN ENTRE ZAMORA, LEÓN Y ORENSE ARDE TANTO?
CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y SANITARIAS DE LOS INCENDIOS EN LEÓN (agosto 2025) - PRIMER AVANCE
DEVASTACIÓN DE FAUNA POR INCENDIOS
Comentarios
Publicar un comentario